Ecosistema Chile, conversó con Andrés Moreira Muñoz, experto en geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien explicó las causas del mega incendio que afectó a la Región de Valparaíso entre las cuales se encuentran no haber abordado como país en forma seria, el riesgo climático y el déficit habitacional. Y habló sobre la necesidad de radicar y relocalizar a familias damnificadas, como parte de las soluciones planteadas, restaurar con flora y bosque nativo los ecosistemas dañados y que el 99% de los incendios son provocados.
Recorriendo diferentes puntos del área siniestrada encontramos por estos días a Andrés Moreira Muñoz, profesor del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso. El académico que también forma parte de la mesa plurinacional contra los incendios, camina por los rincones devorados por las mortales llamas que cobraron la vida de centenares de personas, destruyó miles de viviendas, fauna y hectáreas. Fuego mortal que no tuvo piedad para transformar en cenizas a almas, proyectos de vida y miles de recuerdos. Tragedia considerada como una de las más graves de la historia de Chile.
Durante estos días fue difícil tomar contacto con el docente a raíz de un sin número de reuniones de comités y expertos en la materia en que se encontraba producto de la contingencia, pero se dio el tiempo para explicar las razones detrás del mega incendio, explicando el concepto de riesgo climático.
¿Cuáles son las causas del mega incendio?
Las causas son multifactoriales. Como sociedad nos ha costado reconocer la existencia del cambio climático, lo cual tiene relación directa con lo que hoy se conoce como el riesgo climático, en donde interactúan tres factores. Primero, la amenaza que es concretamente las condiciones meteorológicas. Las olas de calor se han ido incrementando en los últimos veranos. Entonces, es un hecho que el cambio climático está generando veranos más calurosos en Chile Central y esto se considera un factor de amenaza en lo que es el riesgo climático. El segundo elemento es la exposición: constituido por las personas, urbanizaciones, cultivos, e infraestructura, que encontramos en el paisaje. El tercer elemento, es la vulnerabilidad: conformada por las condiciones en que se encuentra el territorio, es decir, las condiciones de vida de las personas, calidad de la vivienda, marginación social, pobreza, condiciones de hacinamiento, urbanizaciones irregulares o tomas. Los tres factores; la amenaza, exposición y vulnerabilidad constituyen lo que se conoce como el riesgo climático.
En todo el mundo se está abordando el problema del riesgo climático a través de distintos elementos como es la legislación y planificación ambiental, pero en Chile se ha logrado avanzar en esta materia en forma relativamente lenta. Existe una Ley Marco de Cambio Climático promulgada en el año 2022, pero los reglamentos aún no se publican. Falta avanzar en aquello y que la Ley Marco de Cambio Climático se asocie o vincule con los instrumentos de planificación territorial que son los que hoy nos rigen conformado por los planes reguladores comunales, intercomunales y las ordenanzas y seccionales específicos que ordenan los usos del territorio.
Las causas iniciales son no considerar el riesgo climático en toda su magnitud de una forma seria y que es necesario hacer como País. A partir del año 2017, marca un antes y después, producto de los incendios en Chile Central que afectaron las regiones de O’Higgins y Maule, que generó víctimas fatales, daño en infraestructura y daño económico. En esa oportunidad, se quemaron más de 600.000 hectáreas, situación jamás vista a la fecha en Chile. En Valparaíso en el año 2014 se registró el que se consideraba el mayor incendio urbano en la historia, que afectó a las partes altas de Valparaíso (cerros La Cruz, Las Cañas, Mojas, Mariposas) en donde se pudo haber obtenido algún aprendizaje. El verano de 2023 fue el turno de Biobío y Ñuble, con 430.000 hectáreas y 26 personas fallecidas. Entonces, vemos que verano a verano en distintas regiones se viene repitiendo el fenómeno con cada vez más frecuencia.
Por otro lado, las condiciones de vulnerabilidad del territorio, principalmente y esencialmente en nuestra región relacionada con el déficit habitacional, por lo tanto, la ecuación es bastaste simple, los lugares con asentamientos irregulares, tomas de terrenos que no cuentan con buena urbanización, dotación de servicios, vías de evacuación, sin reglamentación, y planificación urbana; son los más vulnerables al riesgo climático y es efectivamente donde ocurrió el desastre de este mes.
¿Cuál es el rol y responsabilidad del Estado?
Se ha avanzado bastante lento. Existe una Política Nacional de Ordenamiento Territorial que tiene que ver con las políticas de descentralización y planificación. Los Gobiernos Regionales actualmente cambiaron la figura del Intendente a un gobernador elegido. Está la nueva figura del Delegado Presidencial, y el SENAPRED que reemplazó a la ONEMI. Pero falta muchísimo en ordenamiento territorial y en prevención de desastres.
Existen en todas las regiones, lo que se llaman los Planes de Ordenamiento Territorial que son elaborados por los Gobiernos Regionales los cuales se encuentran en distintos grados de avance, pero se están realizando con distintas metodología y visiones del territorio lo cual ha costado en vincular con otras reglamentaciones que son las que esencialmente nos rigen. Por otro lado, existe una la Ley General de Urbanismo y Construcciones desactualizada y los planes reguladores que tardan años para ser elaborados. No existe una buena articulación en los municipios y un poder real de fiscalización. Las zonas de riesgo no se deben ocupar por ningún tipo de construcción y si se ocupan deben cumplir ciertas características de estructura, y muros de contención. Falta en modernizar la ley de municipalidades, agilizar aprobación de planes regulares, coordinar planes reguladores comunales, intercomunales y regionales y una vez que todos los elementos estén coordinados, dotar a los municipios con una mayor fuerza, recursos, personal para ir a fiscalizar. Es algo que no se ha logrado, a pesar que existen varias legislaciones que fundamentan esta posibilidad, pero lamentablemente la realidad nos supera.
Existen factores que no parecen estar encadenados, pero están fuertemente encadenados como es, la no solución del problema habitacional. Hoy el déficit habitacional en el Gran Valparaíso es de 70.000 viviendas. Si no se soluciona el déficit habitacional nunca vamos a poder salir de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra gran parte de la población de la región.
Ahora, es necesario hacer un paréntesis y mencionar que el Estado crea sus propias trampas: para poder realizar una adecuada planificación territorial es clave la información acerca del propietario, rol, deslindes y superficie. Paradojalmente esta información, levantada con recursos públicos, es vendida por el Estado a través de CIREN en montos millonarios, y los académicos nos vemos de manos atadas sin poder contar con esta información.
¿Cuál es su posición sobre las posturas de relocalizar o radicar a las familias afectadas?
Es cuantioso lo que se deberá invertir. Y las pérdidas humanas reconocida como la mayor tragedia después del terremoto y tsunami del año 2010, es irreparable. Cuando se dice que para prevención y las causas de la catástrofe no hubo recursos eso es absolutamente relativo. Es claramente, una falta de articulación entre el MINVU y SERVIU, los municipios, y los planes de ordenamiento.
Estamos todavía en un limbo en la integración de la población con los ecosistemas naturales de la región. Es necesario desarrollar conceptos de urbanismo sustentable, infraestructura ecológica, soluciones basadas en la naturaleza, y los principios que se debieron aplicar como Reserva de la Biósfera, todo eso, queda de lado cuando los municipios tienen que ir a la contingencia y tomar medidas impopulares como relocalizar poblaciones. Se especula mucho en cuanto al origen e intencionalidad de los incendios. Pero lo cierto, más allá de la especulación, existe el déficit habitacional y el Estado a través de las distintas instancias no se ha hecho cargo históricamente de resolver. Aquí se debe hacer un esfuerzo muy importante en resolver el déficit habitacional. Un porcentaje se deberá radicar en los mismos sitios, y regularizar los que tienen menos riesgo. Otro porcentaje importante se podría relocalizar. Mucha gente ha quedado afectada psicológicamente por la situación y estoy seguro que va a estar dispuesta a ser relocalizada si se dan las condiciones de vida digna en otros lugares.
Acá entramos a un punto muy importante. Los lugares que se pueden urbanizar y levantar viviendas sociales, alrededores de Valparaíso y Viña del Mar, presentan otra problemática. Existen antiguos predios forestales que están abandonados. Aquí existe un tercer elemento en la discusión, el modelo forestal que se aplicó a contar de los años 60 basado en la plantación de pinos y eucaliptus. Hoy en día, al menos en esta Región y muy discutido en el resto de Chile, por los incendios en Concepción del año pasado, los pinos y eucaliptus no cumplen ninguna función económica y al contrario generan la amenaza permanente de nuevos incendios en cualquier época del año. Se ha reconocido en Portugal y se ha empezado a cortar pinos y eucaliptus declarados enemigos número uno en el paisaje. Por su alta flamabilidad son considerados como “fósforos gigantes”. Nosotros deberíamos avanzar en erradicar estas especies que constituyen una fuente enorme de la amenaza latente.
¿Partidario de reforestar o restaurar?
Soy partidario de restaurar los ecosistemas que están degradados en nuestra región. Los ecosistemas han sufrido prácticamente 20 años de sequía y se encuentran en condiciones de con mucho combustible en forma de material seco. Los bosques de peumo, el año pasado estaban prácticamente secos. Todo eso genera material combustible que va a colaborar en nuevos incendios. Hay que encontrar una forma de sentido económico a la restauración del bosque nativo, y en definitiva eliminar los pinos y eucaliptus de la región de Valparaíso. Lo que vivimos estos días en la región no se ha había visto nunca. Se quemaron 10 mil hectáreas que en promedio se consumen en 5 años.
¿La función de restaurar los ecosistemas recaería en los municipios o CONAF?
Ese punto es muy importante. Es parte de la debilidad institucional endémica de nuestro país. CONAF ni siquiera es un Servicio del Estado; es una Corporación Privada. Nosotros que estamos involucrados en la materia tenemos el mayor respeto por los funcionarios y la labor que hacen las brigadas forestales, que aún es poco reconocida. Pero Conaf como institución, tiene muy poco poder y atribuciones. El proyecto de Ley que crea el Nuevo Servicio Forestal que separa las atribuciones circunscribiendo sólo el combate de los incendios, hoy es una materia de discusión parlamentaria. Esto debería ser de primera prioridad, pero no se le ha dado la importancia que esto merece.
¿Cuál es tu opinión sobre la pérdida del patrimonial natural como la Reserva Nacional Lago Peñuelas y Jardín Botánico y sus repercusiones?
De todos los países mediterráneos, Chile es el único país que el fuego no se inicia en forma natural. Son situaciones muy esporádicas, solo en el centro sur podría originarse el fuego a partir de un evento natural como un rayo. El 99% de los incendios son provocados. Pero la vegetación a pesar que no ha evolucionado con el fuego, a la larga se recupera. Hemos visto como ha vuelto a crecer la vegetación en sectores como Peñuelas, la Cuesta La Dormida, Quebrada Escobares, que por cierto se volvió a encender esta temporada. Pero hay especies que tardan decenas de años, como son los bellotos, las palmas, y peumos. La restauración de los ecosistemas se va a lograr en la medida se aplique una silvicultura de recuperación, es decir, desde un sentido positivo, y mirada público-privado se podrían generar nuevos oficios por la necesidad de involucrar a la población en restauración de bosque y flora nativa. Eso es un nicho que no existe. Así como hubo que promocionar el turismo cuando no existía como industria, este es el minuto de promocionar la restauración de bosque nativo. Se debe aplicar toda la creatividad para generar nuevas fuentes de trabajo ligadas a la restauración de bosque nativo, y fortalecer una adecuada planificación de las cuencas hídricas que permitirá disminuir riesgo de incendios y a las personas. Se puede lograr, pero con ajustes normativos, y generando fuentes productivas en predios forestales abandonados. Y avanzar en un nuevo paradigma sobre recuperación de bosque y flora nativa, como una nueva actividad económica, relacionada con la generación de infraestructura ecológica.
¿Cuáles son los aprendizajes que generaron estos eventos?
Se estima que se requieren 1000 millones de dólares para la reconstrucción de unas 7000 viviendas siniestradas. Esto equivale al dólar de hoy a 970 mil millones de pesos. De hacerse en procesos de autoconstrucción asistida esta cifra podría bajar notablemente y hacer más rápido y eficiente el proceso. Considerar que el presupuesto asignado al Plan de Incendios Forestales 2023-2024 corresponde a 148 mil millones de pesos, lo que significa un 97% más que en el periodo 2021-2022. Es decir, hay que invertir 5 veces más en reconstruir que lo que se invirtió en controlar. Evidentemente una optimización de los recursos pasaba por la adecuada planificación y prevención. Pero ya es tarde para darse cuenta ahora…
Ahora, no es necesario mantener a las familias a la espera para la reconstrucción. Hay formas de avanzar en la reconstrucción mediante la aplicación del decreto de catástrofe (Ley 16.282), que le otorga al MINVU mayores facultades para apoyar a los municipios en forma más rápida sobre las necesidades de la población y no esperar que se formen empresas que van a la reconstrucción y también es necesario lograr conciliar los sitios donde conviene la regularización de terrenos y la relocalizar de los usuarios. Hay que fomentar un Servicio de asistencia técnica municipal para la reconstrucción o la relocalización. Fomentar la Gestión participativa en tres niveles: a) Gestión prospectiva: no generar nuevas condiciones de riesgo; b) Gestión correctiva: para reducir riesgos existentes; c) Gestión reactiva: preparación para la respuesta de emergencia. Fomentar la auto-reconstrucción de viviendas y reconstrucción urbana por afectación directa por los incendios forestales. Ampliar las facultades del MINVU hacia municipios para impulsar una política comunal de vivienda cuyas viviendas no son en propiedad, sino que bienes municipales con un fin social, de tipología productiva y colectiva, y promover el desarrollo local y la autonomía y soberanía de los barrios. Existe la experiencia lograda por el municipio de Valparaíso en la reconstrucción tras el incendio Ramaditas – Rocuant – San Roque del 24 de diciembre de 2019, en que se ha logrado la reconstrucción participativa. Esta experiencia se puede y debe traspasar a los municipios afectados esta vez: Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar y Limache. Incorporar modelos de desarrollo basados en unidades urbano-ambientales que contemplen una adecuada integración de los usos habitacionales con los servicios ecológicos que aporta la interfaz urbano-rural.
Eliminar la amenaza de los pinos y eucaliptos en lo que se considera le interfaz urbano-forestal. Aprovechar el período legislativo que empieza en marzo, para presionar al legislativo en la aprobación de la Ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales, presentado por el Ejecutivo en septiembre de 2023. Este incluye entre otras medidas: definir zonas de interfaz urbano-rural-forestal en los instrumentos de planificación territorial; fortalecer lo instrumentos de gestión forestal existentes; definir zonas de amortiguación forestal en áreas rurales colindantes con los límites urbanos y darle prioridad a la creación del Servicio Forestal, con mayores herramientas de fiscalización y sanción.
