La reciente entrada en vigor de la Ley N°21.595 sobre delitos económicos y atentados contra el medioambiente ha permitido contar con una nueva herramienta legal. En su reciente implementación, ya visualiza a futuro algunos cambios.

Según la ONG-Escazú entre los años 2023 y 2024 se documentaron 47 agresiones a defensores del medioambiente y la desaparición de Julia Chuñil, sigue siendo un enigma que alerta sobre los riesgos de la lucha medioambiental.

De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en Chile existe un total de 131 conflictos socioambientales de los cuales 74 se encuentran activos, 33 en calidad de latentes y 24 en etapa cerrados.

El concepto publicitario de «permisología» se ha instalado en la opinión pública, como la gran salvación para agilizar la aprobación de proyectos, sin mirar que la solución pasa por modernizar al Estado. Una de las razones quedan en evidencia ante la negligencia administrativa del actuar de los servicios públicos, como en el emblemático caso de «Los Molles», en la Región de Valparaíso.

En época estival, los humedales urbanos declarados han sido afectados por veraneantes y defendidos por escasas herramientas de los municipios.

COEVA aprobó mega proyecto habitacional en Quirilluca, Puchuncaví lo cual abre un nuevo conflicto socioambiental en una de las comunas declaradas de sacrificio en la Región de Valparaíso.

El Estado Verde debería transformarse en una gran guía verde para incentivar el desarrollo de una economía sustentable y cuidado al medio ambiente.

Chile se ubica en el lugar 15 de países con conflictos socioambientales, de acuerdo Universidad de Barcelona.

El cambio climático sumado a los diferentes elementos del territorio generan un cúmulo catastrófico de riesgo y amenaza latente climática.