Vista general de edificios y humedal Los Molles.
El concepto de permisología se instaló en la opinión pública. Su origen generado a partir de un cliché se expandió hábilmente desde las tribunas del empresariado hacia los medios de comunicación y el mundo político los cuales hicieron suyo el concepto en un país en donde el vocabulario no es tan rico y extenso. ¡Sin dimensionar el verdadero significado oculto de la palabra!
El Gobierno ante la necesidad de aproximarse al centro político dirigió su camino hacia dos agendas que son totalmente válidas para el bienestar de la población y calidad de vida. Las agendas de seguridad y reactivación económica.
Los hechos son claros y no es discutible que Chile al igual que Latinoamérica es afectada por una crisis de seguridad generada a partir de la llegada de miles migrantes ilegales que ningún país estaba preparado para recibir. Las fronteras son extensas en nuestro país, una de las más largas del mundo, por tanto, fácil de vulnerar. Un fenómeno que es de carácter global.
Las reformas son necesarias en esta materia que deberán ir asociadas con modificación del código penal, dotar de mayores herramientas a las policías, uso eficiente de recursos, capacitación y mayor preparación, sin dejar de lado los Derechos Humanos.
Por otro lado, el crecimiento económico viene estancado desde hace varios años lo cual se vio incrementado a partir del estallido social, pandemia, discusión constitucional y la tradicional campaña comunicacional y económica lanzada por un sector del paí,s como tantas veces ha sido relatada en diferentes capítulos de los libros de historia de Chile. Y en el 2025, no debemos omitir el actual escenario de guerra arancelaria impuesta por el gigante de norteamérica.
Por tanto, con un crecimiento económico que no supera el 2% no es discutible que se requiere flexibilizar las normas y procesos para captar una mayor inversión para dotar de empleos. Pero la mirada debe ser desde un foco de crecimiento sustentable.
PROYECTO DE LEY PERMISOLOGÍA
Las miradas se dirigieron hacia la agenda proempleo impulsada por el Gobierno mediante el ingreso del proyecto de ley radicado actualmente en el Congreso que el Empresariado miró con buenos ojos y cuyo apetito fue aumentando con el tiempo como buenos negociantes.
La iniciativa legal tiene como objeto proporcionar un marco general que vele por el cumplimiento, estandarice y coordine las formas establecidas para la válida actuación de los órganos de la Administración del Estado con competencia para habilitar proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias, y otorgar mayor certeza a los titulares y personas que desarrollen dichas actividades, así como a la ciudadanía en general.
De acuerdo al cuerpo del proyecto de ley «el objeto es promover el desarrollo de la productividad, crecimiento e inversión a través de la creación de mecanismos e instrumentos de mejora regulatoria para el progresivo tránsito hacia una regulación estandarizada y simplificada para la habilitación de proyectos o actividades que resguarden adecuadamente los derechos de las personas solicitantes por medio de normas que definan el proceder de los órganos de la Administración del Estado para su actuación válida y pronta, la que tendrá en consideración los riesgos asociados, dará mayor certeza jurídica y aumentará la transparencia de los procedimientos».
En resumen, busca agilizar los procesos administrativos en los diversos organismos estatales excepto en materia medioambientales dotando de certeza jurídica a la actividad empresarial que durante los últimos años se ha manifestado en contra de las trabas burocráticas sectoriales existentes.
Sin lugar a dudas, la apertura de flexibilizar proyectos sometidos al Servicio de Evaluación Ambiental en la discusión parlamentaria se abrirá, generando con ello un retroceso ambiental claramente impulsado por una campaña comunicacional que el medio ambiente es el principal cáncer en Chile, como algunas voces lo han pregonado estas semanas. Esas voces apocalípticas que se fortalecen en las sombras del miedo de miles de familias no han sobredimensionado que han transcurrido más de 40 años del desarrollo del modelo económico en Chile de extracción que el mundo ha dejando atrás en forma paulatina, a cambio de modernizar sus procesos y dotar de mayor tecnología.
Humedal Los Molles.
ESTADO MODERNO
La verdadera discusión se debería enfocar en la modernización del Estado el cual sigue operando como en los años 80. La solución de un Estado eficiente no se mejora con la contratación de más personal como ha sido la tónica de todos los últimos gobiernos ni con la eliminación de procesos.
La solución pasa por una cirugía mayor en cuanto a nombramiento técnico de autoridades, mejorar la orgánica, estructura, facultades de ministerios, y competencias de funcionarios lo cual obviamente debe ir traducido con la implementación de nuevas tecnologías, mayores recursos, uso eficiente del presupuesto y mayor capacitación.
Funcionarios que tratan de avanzar en el escalón de remuneraciones a costa de boicotear la experiencia de otros que han creado los cimientos del aparataje estatal, es un camino poco digno que tiene estancado a las instituciones en la calidad y clima laboral, que en definitiva afecta al ciudadano que paga sagradamente sus impuestos.
La falta de personal técnico que acompañan a los equipos políticos de las autoridades ha sido una tónica en los últimos 20 años que ha afectado los procesos y han sido presa fácil de adoctrinar por parte de los funcionarios ambiciosos y privilegiados que siguen reinando por años con las mismas viejas prácticas, sin importar los colores políticos afectando al ciudadano común y corriente. El diagnóstico es claro respecto a la necesidad de modernizar el Estado y obviamente acompañado con los sindicatos de trabajadores respectivo y con mejores condiciones laborales de todo tipo. (remuneraciones, capacitaciones, espacios físicos, y medios materiales.)
Por tanto, en un mundo que avanza en forma ligera no es congruente que los plazos de tramitación de proyectos tarden años, pero eliminar procesos y con la liviandad podría generar normas inconstitucionales, y vulnerar tratados internacionales, principios en el derecho administrativo y ambiental. Es decir, un retroceso fatal.
Edificios de departamentos en Los Molles.
CASO DE LOS MOLLES-REGIÓN DE VALPARAÍSO
Sobre el actuar negligente del Estado existen varios casos. Pero, hoy salió nuevamente a la luz pública el caso emblemático de Los Molles, balneario ubicado al norte de la Región de Valparaíso. Se trata del proyecto Costanera del Mar en Los Molles, con una inversión de más de 21 millones de dólares el cual se encuentra paralizado por un procedimiento administrativo mal llevado cabo en el año 2021, por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
El organismo sujeto a presiones redujo el área de proteger en la declaratoria de humedal urbano de 16,4 hectáreas propuestas por la Ilustre Municipalidad de La Ligua a 9,2 hectáreas, lo cual quedó plasmado en la Res. N°1160 del 13 de octubre de 2021 lo que culminó con la interposición, por parte de los reclamantes de un recurso de reclamación R-316-2023 y R-317-2023.
En definitiva, el Segundo Tribunal Ambiental ordenó dejar sin efecto la resolución impugnada, ordenando al MMA nuevamente delimitar el área de influencia del estuario Los Molles con una medida cautelar precautoria de paralizar las obras y no permitir nuevos permisos en el área de discusión, mientras, todos los servicios públicos, sin coordinación alguna avanzan en sus materias específicas, sin una mirada general de Estado.
La misma Ilustre Municipalidad de La Ligua otorgó permisos de construcción a través de la Dirección de Obras para que se levantará edificios en un área claramente inundable que formaba parte de un solo ecosistema. Un ejemplo claro de la incongruecia administrativa y mirada de País. A fines del mes de marzo del 2025, la «Fundación Protege Los Molles» denunció el otorgamiento de nuevos permisos urbanísticos y planos de subdivisión de loteo aprobados, lo que denota aún más una desidia. Todos estos hechos, sin contar con una respuesta definitiva del Estado han ocurrido en un plazo de 4 años ante el escenario progresivo de deterioro ambiental y estancamiento inmobiliario.
Por tanto, en el caso concreto el problema no radica al exceso de permisos (permisología) o extensos plazos de tramitación sino a la negligencia administrativa del actuar del Estado por no haber protegido toda el área natural a través de los instrumentos de planificación o ambientales que existen o existían en la epóca. En la actualidad, el desastre es evidente con edificios de departamentos que exponen y ponen en riesgo a la población, afectando el derecho de propiedad, seguridad, vida de las personas (al estar emplazados en una zona inundable) y obviamente al derecho ambiental.
En los años venideros, el derecho de las generaciones futuras y el principio precautorio son y serán un eje principal del derecho ambiental. Las riquezas de los pueblos y su patrimonio no es un derecho solo de los actuales habitantes para convertirlo en el legado de algunos pocos.
Queremos decir, que la situación actual no es un problema de “permisología”, es un problema de modernización del Estado!.
