Fotografía: Sergio Salazar Meza.
En nuestro país, cada año surgen nuevos conflictos socioambientales en donde megaproyectos de los rubros minero, pesquero, agrícola, entre otros, emergen y devoran territorios que deberían estar amparados por derechos de conservación, preservación, protección, restauración y con una mirada de equilibrio ecológico, uso racional del agua y elementos naturales del territorio. Pero en la práctica, la realidad supera la ficción.
Chile, se ubica tristemente (vergonzosamente) en el lugar número 15 de los países que presentan más conflictos socioambientales en el mundo, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Barcelona en conjunto con organizaciones sociales. Mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha catastrado 127 conflictos (24 de ellos finalizados), contabilizando, además, 1.123 eventos de protestas socioambientales entre los años 2012 y 2017. No es extraño que en Chile se otorguen concesiones para explotación marina en áreas de preservación o concesiones mineras en sitios con protección ambiental.
Las razones son innumerables. Pero el marco legal lo encontramos en las bases generales del País. Los elementos de señorío que se describen en la Constitución de 1980 sobre la disposición absoluta de las cosas salvo excepciones sobre límites a los atributos del dominio establecidos por la ley y el derecho ajeno nos sitúan en un contexto contradictorio con la función ecológica de la propiedad la cual plantea límites internos de la naturaleza sobre los bienes protegidos por el derecho ambiental, no desde el derecho subjetivo sino con un enfoque de velar por la protección de los ecosistemas y los derechos de la naturaleza.
El Derecho Ambiental comparado, tratados internacionales y principios se han tratado de replicar en Chile a través de la elaboración de normativas locales, pero de una manera muy tenue. La falta de reglamentos y recursos agudizan aún más la realidad replicada medioambiental nacional. Mientras, el mundo se dirige hacia el camino de la protección, buenas prácticas para enfrentar el cambio climático, Economía Circular, Pacto verde Europeo, entre otros, nuestro país transita en la vereda del frente, con los mismos problemas socioambientales de los años 80.
Nos encontramos con un Estado en etapa de pre modernización. No posee competencias, facultades, recursos, herramientas y un personal con escasos incentivos profesionales. La falta de plataformas, y coordinación agudizan el modelo de desarrollo. Es pintoresco observar pirotecnia…. Municipios autotildados de verdes o ecológicos empleando marketing digital, mientras sus plataformas y procesos siguen transitando en los años 80 o 90. El mundo privado no está ajeno a esa realidad. Es común que levanten las banderas de; sustentables, energías limpias y otras para atraer a consumidores, pero la realidad denota que sus procesos están muy lejos de las buenas prácticas.
Mientras, no se avance en la función ecológica de la propiedad en Chile seguiremos vulnerando los derechos de la naturaleza y no aplicando (olvidar su existencia) el Principio Preventivo Ambiental.
Se debe generar un prisma conceptual de abordar la propiedad privada, desde el contexto de la crisis climática y ecológica que enfrentamos a raíz de la fragilidad y riesgo que vivimos como sociedad. Un nuevo y verdadero paradigma ecológico.
Es necesario construir un concepto de función ecológica independiente de la función social de la propiedad, pero complementaria, cuya preocupación se encuentre contenido más allá del elemento económico. La función ecológica de la propiedad permitirá afrontar los problemas ambientales de la sociedad actual y la venidera que nos permita velar por los derechos de las nuevas generaciones. El cambio de Era debe ir de la mano con el cambio conceptual para empezar a liderar otro tipo de ranking en el mundo.
